Este cambio, aprobado el 24 de octubre de 2025, modifica el Canon 4 del Código de Conducta Judicial de Texas, agregando que “no constituye una violación de los cánones si un juez se abstiene públicamente de celebrar matrimonios basándose en una creencia religiosa sinceramente sostenida”, según informó el medio Express News. En la práctica, esta disposición abre una puerta legal a la discriminación institucionalizada contra parejas del mismo sexo bajo la justificación de la libertad religiosa.
El matrimonio igualitario sigue siendo un derecho garantizado por la Constitución de los Estados Unidos desde el fallo Obergefell v. Hodges (2015). Sin embargo, la decisión de Texas introduce un matiz peligroso: la posibilidad de que funcionarios públicos interpreten sus deberes a través de sus creencias personales.
El riesgo es claro: si un juez puede negarse a casar a una pareja por motivos religiosos, ¿qué impide que otros funcionarios rechacen emitir licencias, certificados o servicios públicos esenciales bajo la misma excusa? Esta medida podría generar casos de discriminación hacia parejas del mismo sexo, permitiendo que jueces se nieguen a celebrar sus bodas basándose en sus convicciones religiosas.
El principio de imparcialidad es un pilar de toda justicia democrática. Permitir que un juez decida a quién servir y a quién no según sus creencias socava la confianza pública en el sistema judicial. El caso que detonó esta controversia fue el de Dianne Hensley, jueza de Waco (Texas), quien en 2019 se negó a casar parejas del mismo sexo alegando convicciones cristianas. La Comisión Estatal de Conducta Judicial la sancionó por violar el deber de imparcialidad, señalando que su negativa podría poner en duda su capacidad de actuar imparcialmente ante personas LGBTQIA+ que comparezcan en su tribunal, según reportó KBTX News.
Hoy, seis años después, la Corte Suprema de Texas ha decidido lo contrario: proteger la objeción religiosa de Hensley y permitir que otros jueces sigan su ejemplo. Este cambio no solo reinterpreta la libertad religiosa, sino que la coloca por encima del derecho a la no discriminación, creando un desequilibrio legal profundamente injusto.
Más allá de las consecuencias legales, esta medida envía un mensaje doloroso: el reconocimiento pleno de los derechos LGBTQIA+ sigue siendo opcional, condicional y vulnerable. Cada vez que un tribunal respalda una excepción “por creencias personales”, legitima la idea de que las vidas y uniones LGBTQIA+ pueden ser tratadas como diferentes. Esto no solo afecta a las parejas que buscan casarse, sino también la percepción social de toda la comunidad queer.
El impacto emocional es especialmente grave para las personas latinas, inmigrantes y solicitantes de asilo LGBTQIA+, quienes ya enfrentan múltiples barreras. Para quienes llegan a Estados Unidos en busca de libertad y seguridad, ver a un juez —símbolo del Estado de derecho— negarse a reconocer su amor es un recordatorio de que la igualdad aún no está garantizada. En Texas, uno de los estados con mayor población latina del país, esta decisión amplifica la vulnerabilidad de quienes viven en la intersección de la discriminación por origen étnico, idioma y orientación sexual.
El riesgo no termina en Texas. Permitir que funcionarios públicos utilicen la religión como base para negar servicios puede inspirar leyes similares en otros estados, debilitando los estándares federales de equidad. La Texas Tribune advirtió que esta cuestión probablemente volverá a ser litigada, y podríamos ver muchos más casos de este tipo. Si la tendencia continúa, derechos civiles conquistados hace apenas una década podrían retroceder bajo el disfraz de libertad de conciencia.
Desde America Diversa Inc., organización sin fines de lucro 501(c)(3) con sede en Nueva York, reafirmamos que los derechos humanos no pueden estar sujetos a creencias personales ni religiosas. El matrimonio igualitario, la identidad de género y la orientación sexual son manifestaciones legítimas de la dignidad humana. Recordamos que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y no jerarquizables: ninguno puede ser usado para justificar la negación de otro.
Ningún juez, funcionario o institución debería tener la potestad de limitar o negar el reconocimiento de esa dignidad.
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