Andry huyó de Venezuela para escapar de la vulneración sistemática de los derechos humanos y de la desprotección legal que enfrentan las personas LGBTQIA+. Sin embargo, sin imaginarlo, terminó siendo trasladado ilegalmente a El Salvador, un país que reproduce contextos de violencia y desprotección alarmantemente similares a los de Venezuela. Tanto en Venezuela como en El Salvador, la falta de reconocimiento legal de los derechos fundamentales de las personas LGBTQIA+, junto con la ausencia de leyes específicas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, agrava su exclusión social. La discriminación institucionalizada convierte a las propias autoridades, llamadas a proteger, en agentes de violencia y abuso.
En Venezuela, la crisis política y humanitaria compleja hace imposible para las personas LGBTQIA+ satisfacer necesidades básicas como la educación, la atención médica, el empleo digno, la vivienda, la alimentación o el acceso a enseres personales, obligándoles a emigrar de forma forzada e irregular para huir de la violencia y la pobreza generadas por la indolencia y las políticas desacertadas del régimen madurista. Hoy, más de una decena de defensores de derechos humanos LGBTQIA+ se encuentran en el exilio, mientras varias organizaciones han sido cerradas. Por su parte, en El Salvador, las políticas de criminalización extrema exponen a las personas LGBTQIA+ a detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos. En ambos contextos, el simple acto de vivir libremente implica riesgos constantes.
Pero su esperanza se vio pronto truncada: Andry fue detenido por ICE mientras se procesaba su caso. En marzo de 2025, fue deportado ilegalmente al CECOT, simplemente por tener tatuadas dos coronas con los nombres de sus padres. A pesar de no contar con antecedentes penales, se le negó la oportunidad de defenderse de acusaciones infundadas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua. Nunca pudo culminar su proceso de solicitud de asilo.
Desde entonces, Andry permanece incomunicado. Su familia y su equipo legal no han logrado contactarlo, y su estado actual es desconocido. Esta situación refleja de manera clara la inhumanidad y crueldad de las autoridades tanto de Estados Unidos como de El Salvador.
La vida de Andry está en peligro como resultado de las políticas migratorias impuestas por la administración del presidente Trump, quien —aunque tiene derecho a establecer políticas migratorias— está imponiendo medidas restrictivas que ignoran normas y obligaciones legales internas que garantizan el debido proceso y la protección de los derechos de todas las personas migrantes y solicitantes de asilo bajo su jurisdicción.
Exigimos la liberación inmediata de Andry y su regreso a los Estados Unidos, en tan sentido hacemos un llamado urgente a:
- Ciudadanos de Estados Unidos: Exijan a sus representantes el respeto al derecho de asilo y el fin de las deportaciones ilegales.
- Autoridades de Estados Unidos y El Salvador: Garanticen la vida e integridad de Andry, y respeten las leyes de derechos humanos.
- Organismos internacionales: ¡Actúen ya! ¡Supervisen y denuncien esta grave violación de derechos!
Finalmente, agradecemos las acciones a favor de Andry llevadas a cabo por los congresistas estadounidenses Robert García (demócrata de California), Maxwell Alejandro Frost (demócrata de Florida), Maxine Dexter (demócrata de Oregón) y Yassamin Ansari (demócrata de Arizona), así como por Gavin Newsom, gobernador de California.
Defendamos el derecho de las personas LGBTQIA+ migrantes y buscadoras de asilo a vivir en libertad y dignidad.
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