Andry huyó de Venezuela para escapar de la vulneración sistemática de los derechos humanos y de la desprotección legal que enfrentan las personas LGBTQIA+. Sin embargo, sin imaginarlo, terminó siendo trasladado ilegalmente a El Salvador, un país que reproduce contextos de violencia y desprotección alarmantemente similares a los de Venezuela. Tanto en Venezuela como en El Salvador, la falta de reconocimiento legal de los derechos fundamentales de las personas LGBTQIA+, junto con la ausencia de leyes específicas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, agrava su exclusión social. La discriminación institucionalizada convierte a las propias autoridades, llamadas a proteger, en agentes de violencia y abuso.
En Venezuela, la crisis política y humanitaria compleja hace imposible para las personas LGBTQIA+ satisfacer necesidades básicas como la educación, la atención médica, el empleo digno, la vivienda, la alimentación o el acceso a enseres personales, obligándoles a emigrar de forma forzada e irregular para huir de la violencia y la pobreza generadas por la indolencia y las políticas desacertadas del régimen madurista. Hoy, más de una decena de defensores de derechos humanos LGBTQIA+ se encuentran en el exilio, mientras varias organizaciones han sido cerradas. Por su parte, en El Salvador, las políticas de criminalización extrema exponen a las personas LGBTQIA+ a detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos. En ambos contextos, el simple acto de vivir libremente implica riesgos constantes.
